Crisis sanitara en Ecuador
Una sentencia de ocho años de prisión como mediador del delito de soborno pasivo, un llamado para el juicio en suspensión por el delito de plagio en el nombrado caso Balda, dos órdenes de prisión preventiva y al menos 25 investigaciones abiertas previas son el resumen de la realidad judicial en la que se enfrenta el ex presidente Rafael Correa casi tres años después de que dejó el poder en Ecuador.
Un proceso penal de once meses concluyó para Correa con una sentencia en su contra supuestamente por ser el autor participe por provocación de un cohecho pasivo agravado. La misma pena fue adquirida por su ex vicepresidente Jorge Glas.
De ambos, así como de diferentes ex funcionarios de alto rango procesados, el Tribunal de juicio dijo que habían sido parte de una estructura de corrupción que ha adquirido efectivo indebido de empresarios que buscan contratos; 18 personas, junto con ex funcionarios y empresarios, recibieron ocho años de prisión.
La sentencia fue unánime, los jueces definieron que se ha demostrado que todos los proyectos de ley se habían presentado a la etapa jerárquica compuesta por Correa y Glas. Para la Corte, estaban liderando la forma y desde esa área habrían instigado a personas a cometer una infracción.
Desde el primer momento, el exmandatario ha dicho que todas esta denuncias responden a una persecución política que busca afectar su imagen para dejarlo a él y su agrupación fuera del mapa electoral.
Oficialmente, a partir de abril de 2020, la Fiscalía ha abierto 25 investigaciones previas contra Rafael Correa por delitos que incluyen malversación de fondos, fraude fiscal, fraude, asesinato, el robo, el crimen organizado, etc.
Una de las investigaciones abiertas anteriores que concluyeron en contra al ex presidente fue conocida el 5 de febrero. Se hizo oficial un mes después de que la jueza Daniella Camacho se refiriera a 21 personas para ser juzgados dentro del caso Sobornos. En el impulso fiscal no se menciona un delito concreto.
